Cuando se promulgó la norma reguladora del sistema de las pensiones de jubilación de la seguridad Social en 1967, la edad de supervivencia en España era de 65 años y un mes....nada que ver con el panorama actual, panorama, en el que se pretende poner en marcha un Sistema Nacional de Autonomía Personal y de Dependencia. La ambición del sistema social actual, es muy superior a la de los años 60 lógicamente, somos más, más ricos y con mayor nivel de bienestar social en general. La puesta en marcha de la "ley de Dependencia", es el gran desafío de la política social a corto y medio plazo.

La ley entró en vigor, sobre el papel el 2 de enero y tras casi diez meses de andadura, lo cierto es que todavía en la práctica , no ha sido posible ver al primer ciudadano beneficiario directo de la ley. Esto es lógico, si se tienen en cuenta, las complicaciones que una Ley como ésta conlleva, que exige el esfuerzo y apoyo de todas las Administraciones públicas de este país, de los tres niveles administrativos (nacional, autonómico y local); pero esta lógica, sin duda, me preocupa, no se entienda como tal, por las personas dependientes y sus familias.

Es una ley muy esperada. El mundo de la discapacidad, ha participado activamente en su gestación, ya con ocasión del Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2005, el CERMI Estatal trasladaba a los poderes públicos, a los partidos políticos, a los agentes sociales, a la sociedad civil y a la ciudadanía general sus planteamientos respecto a la entonces futura Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia y muchos de sus temores, que en la puesta en marcha de la Ley estamos viendo.

El mundo de los mayores, también ha participado en la gestación, pero quizá, sus consideraciones hayan sido menos tenidas en cuenta, como se desprende de muchas cuestiones básicas, por citar de algunas de ellas: la sanidad y las valoraciones de grado de dependencia.

No se puede obviar que el 80% de la población dependiente es mayor de 65 años, el 25% de la dependencia lo genera la demencia y el 40% de la gran dependencia, tiene esa misma causa (SEMYFIC)....está por ver, pero el instrumento genérico propuesto para valorar estas patologías y enfermedades crónicas, deja bastante fuera de fuera estas cuestiones.

Me preocupa mucho velar por la autonomía de la voluntad de aquellas personas, que ya no pueden manifestarla, afortunadamente el ordenamiento jurídico, cuenta ahora con disposiciones que nos permiten otorgar documentos (instrucciones previas...) para dejar claras estas cuestiones, el texto de la Ley carece de la precisión de redacción jurídica que debería tener, dado que afecta a un número importante de personas que deberán actuar mediante representante "¿legal?".

 

La Ley plantea unos criterios de valoración que, en concreto, para las personas con demencia, resultan difíciles de entender en la práctica. Si a cualquier cuidador familiar, preguntáramos ¿cuándo es o ha sido más "dependiente" de Vd. su enfermo? Ahora que ya está en fase terminal, sin movilidad, "encamado"....o cuando su aspecto era el de una persona normal que salía a la calle y desconocía el rumbo del autobús, al que se subía, comía sólo, pero cualquier cosa que se pusiera delante sin criterio o iba al banco y no sabíamos qué había hecho con el dinero....la respuesta resulta obvia. La dependencia y la sobrecarga que genera en el cuidador es muy superior en la primera fase de una enfermedad como el Alzheimer, que en la última. Quiero compartir esta reflexión, por no caer en el empecinamiento ¿se entiende así con los criterios de valoración de la ley en la mano?

Otra asignatura pendiente es la sanidad ¿cabe entender la atención a la dependencia al margen de la sanidad, cuando un gran número de personas dependientes son enfermos crónicos? La peculiaridad de nuestra estructura administrativa dificulta en gran medida esta cuestión, pero excusas al margen, lo hemos visto en el país vecino, todos sabemos que la respuesta a la dependencia pasa por un consenso con sanidad.

Creo que deberá controlarse especialmente que la regulación de desarrollo reglamentario, que se apruebe, resulte armónica con otras regulaciones preexistentes como la de Seguridad Social (protección de la "incapacidad" o "invalidez") y la fiscal, sin que en ningún caso pueda producirse un retroceso en los grados de protección social, económica y fiscal ya conseguidos.

La puesta en práctica del nuevo Sistema, es un reto social tan grande, que merece el apoyo de todos nosotros y por supuesto, necesita un gran consenso político, institucional y social. No sirve de nada ocultar los fallos, sólo desde su aceptación se podrán superar las barreras para poder poner en marcha la ley, pero de verdad, convirtiéndola en una realidad y no, en la ilusión que en este momento representa para todos aquellos que la esperamos de verdad.

Blanca Clavijo, Jurista.